"Masacraban a estos jóvenes militantes, pero apuntaban más que a sus corazones, a matar las utopías que anidaban en ellos, sus sueños transformadores y su pasión argentina: no se condenaba su metodología violenta; por lo contrario, aquel hacer de los marinos a cargo del capitán Sosa era un himno a la violencia más extrema (...) Pero la vida de la Nación, que es mucho más rica que los lineales propósitos dictatoriales, hizo que Trelew fuera para el régimen de Lanusse lo que Malvinas para el gobierno de Galtieri. Un gran espasmo, un enorme escalofrío e indignación recorrió el cuerpo social. Un creciente sentimiento colectivo de repudio y espanto embargó al pueblo argentino. Ocho meses después, el 25 de mayo de 1973, esos militares debieron entregar el gobierno, aunque tres años más tarde volverían a asaltar el poder para producir el vasto genocidio. " (Eduardo Luis Duhalde, Abogado de algunos fusilados, actual Secretario de DDHH de la Nación).
22 de agosto a las 3.30 de la madrugada los 19 prisioneros de la base Almirante Zar fueron acribillados, por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, y del teniente Roberto Bravo. Entre los muertos estaban la mujer de Santucho y Clarisa Lea Place. El gobierno explicó que se había tratado de un intento de fuga. Los tres sobrevivientes de la masacre lo desmintieron. El presidente Lanusse asumió, como comandante en jefe, la responsabilidad de lo actuado por la Marina. La versión oficial la difundió el jefe del Estado Mayor Conjunto, contralmirante Hermes.
La noche del 22, el gobierno sancionó la ley 19797 que prohibía la difusión de informaciones sobre o de organizaciones guerrilleras. En los días sucesivos, hubo manifestaciones en las principales ciudades de la Argentina. Y más de 60 bombas fueron colocadas en protesta por la matanza.
Peronistas, radicales, intransigentes, socialistas, comunistas, trotskistas y democristianos, condenaron al gobierno. Perón calificó a las muertes de "asesinatos". La opinión pública descreyó de la versión oficial. El 25 de agosto la CGT declaró un paro activo de 14 horas. Se prohibieron los velatorios públicos de los guerrilleros ejecutados. El comisario de la Policía Federal Alberto Villar desocupó con tanquetas la sede del Partido Justicialista en la Capital Federal, donde se velaba a algunos de los "combatientes", como los llamaban sus compañeros de lucha, que fueron enterrados luego clandestinamente. Ana Villareal fue sepultada en el cementerio de Boulogne.Hoy, a 38 años de ese acto criminal, se espera el inicio del juicio oral a los responsables, todavía postergado. Ojala el camino de la justicia empiece a ser recorrido, con memoria y con verdad.
Los caídos el 22 de agosto de 1972:
Carlos Alberto Astudillo (FAR). Nació en Santiago del Estero en el 17 de agosto de 1944 (28 años), estudiante de medicina en la Universidad de Córdoba. Detenido el 29 de diciembre de 1970 y brutalmente torturado.
Rubén Pedro Bonet (PRT-ERP). Nació en Buenos Aires el 1 de febrero de 1942 (30 años), casado y padre de dos chicos, Hernán y Mariana, de 4 y 5 años. Perteneciente a una familia muy modesta abandonó sus estudios para ingresar como obrero en Sudamtex y Nestlé. Detenido en febrero de 1971.
Eduardo Adolfo Capello (PRT-ERP). Nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1948 (24 años), estudiante de ciencias económicas y empleado. Detenido cuando intentaba expropiar un auto en febrero de 1971.
Mario Emilio Delfino (PRT-ERP). Nació en Rosario el 17 de septiembre de 1942 (29 años), casado. Estudió ingeniería en la Universidad de Santa Fe. Inició su militancia en Palabra Obrera, que confluiría en el PRT. Abandonó sus estudios universitarios para ingresar como obrero en el frigorífico Swift de Rosario, donde trabajó 5 años. Detenido el 14 de abril de 1970. El V congreso del PRT lo eligió miembro del Comité Central en ausencia.
Alberto Carlos del Rey (PRT-ERP). Nació en Rosario el 22 de febrero de 1949 (23 años), estudió ingeniería química en la Universidad de Rosario, donde se integró al PRT. Participó del congreso fundacional del ERP. Detenido el 27 de abril de 1971.
Alfredo Elías Kohon (FAR): Nació en Entre Ríos el 22 de marzo de 1945 (27 años), estudiaba ingeniería en la Universidad de Córdoba y trabajaba en una fábrica metalúrgica. Formó parte de los comandos Santiago Pampillón y fue fundador de las FAR local. Detenido el 29 de diciembre de 1970.
La fuga del penal - Noticiero de época
Clarisa Rosa Lea Place (PRT-ERP). Nació en Tucumán el 23 de diciembre de 1948 (23 años), estudió derecho en la Universidad de Tucumán, donde se integró al PRT. Participó del congreso fundacional del ERP. Detenida en diciembre de 1970 durante un control de rutina.
Susana Graciela Lesgart de Yofre (MONTONEROS). Nació en Córdoba el 13 de octubre de 1949 (22 años), maestra. Se radicó en Tucumán donde enseñaba y compartía la vida con los trabajadores cañeros. Fue una de las fundadoras de Montoneros en Córdoba. Detenida en diciembre de 1971.
José Ricardo Mena (PRT-ERP). Nació el 28 de marzo de 1951 en Tucumán (21 años), obrero azucarero. Integró los primeras grupos del PRT en Tucumán. Detenido tras la expropiación a un banco, en noviembre de 1970.
Miguel Ángel Polti (PRT-ERP). Nació en Córdoba el 11 de julio de 1951 (21 años), estudió ingeniería química en la Universidad de Córdoba, era hermano de José Polti, muerto en abril de 1971. Detenido en Córdoba, en julio de 1971.
Mariano Pujadas (MONTONEROS). Nació en Barcelona el 14 de junio de 1948 (24 años), fue fundador y dirigente de Montoneros en Córdoba. Participó en la toma de La Calera. Estaba a punto de terminar la carrera de ingeniero agrónomo cuando fue detenido en una redada, en junio de 1971.
María Angélica Sabelli (FAR). Nació en Buenos Aires el 12 de enero de 1949 (23 años), conoció a Carlos Olmedo cuando estudiaba en el Colegio Nacional Buenos Aires. Cursaba matemática en la facultad de ciencias exactas, trabajaba como empleada y como profesora de matemática y latín. Detenida en febrero de 1972 y salvajemente torturada.
Ana María Villareal de Santucho (PRT-ERP). Nació en 9 de octubre de 1935 (36 años), era compañera de Mario Roberto Santucho y madre de tres chicos. Licenciada en artes plásticas por la Universidad de Tucumán. Junto a Santucho empezó a militar en el FRIP (Frente Revolucionario Indoamericano y Popular) que luego confluyó en el PRT. Detenida en un control de rutina en un colectivo.
Humberto Segundo Suarez (PRT-ERP). Nació en Tucumán el 1 de abril de 1947 (25 años), de origen rural, fue cañero, obrero de la construcción y oficial panadero. Detenido en marzo de 1971.
Humberto Adrián Toschi (PRT-ERP). Nació en 1 de abril de 1947 en Córdoba (25 años), trabajaba en una empresa familiar hasta que eligió ser obrero. Detenido, junto con Santucho y Gorriarán Merlo, en una redada el 30 de agosto de 1971.
Jorge Alejandro Ulla (PRT-ERP). Nació en Santa Fe el 23 de diciembre de 1944 (27 años), maestro; abandonó sus estudios para trabajar como obrero en una fábrica metalúrgica. Participó del congreso fundacional del ERP y en la primera operación armada. Detenido junto con Humberto Toschi en Córdoba, en agosto de 1971.
Los sobrevivientes:
Maria Antonia Berger (MONTONEROS). Licenciada en sociología, había sido detenida el 3 de noviembre de 1971. Herida por una ráfaga de metralla logró introducirse en su celda, donde recibió un tiro de pistola; fue la última en ser trasladada a la enfermería. En la fecha de la masacre tenía 30 años. Secuestrada a mediados de 1979.
Alberto Miguel Camps (FAR). Estudiante, había sido detenido el 29 de diciembre de 1970. Eludió la metralla arrojándose dentro de su propia celda, donde fue baleado. En la fecha de la masacre tenía 24 años. Su cuerpo, enterrado como NN en el cementerio de Lomas de Zamora, fue identificado en el año 2000.
Ricardo René Haidar (MONTONEROS). Ingeniero químico, había sido detenido el 22 de febrero de 1972. Evadió las ráfagas de ametralladoras introduciéndose en su celda, donde fue herido. En la fecha de la masacre tenía 28 años. Secuestrado el 18 de diciembre de 1982.
Salvaron sus vidas porque los fusiladores los creyeron muertos. Los tres están desaparecidos
La CTERA a comenzado una campaña reclamando al Congreso Nacional la urgente sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que garantice el derecho social a enseñar y aprender de todos los habitantes de nuestro país.
Desde el SUTEBA consideramos necesario la sanción de una Nueva Ley de Financiamiento, que permita alcanzar las metas fijadas por la Ley de Educación Nacional, acompañadas por la dignificación del salario y las condiciones del trabajo docente, así como por políticas socio educativas que permitan sostener la escolarización de los estudiantes de los sectores más vulnerables de la sociedad.
